1. Introducción

Reparto competencial estado – comunidades autónomas

La Constitución predetermina la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en diversos preceptos. De un lado, posibilita que las Comunidades Autónomas asuman competencias plenas en (art. 148): 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma; 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma; 17.ª El fomento de la cultura. Y, de otro lado, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre «Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónoma» (art. 1491.28º). A partir de estos preceptos constitucionales, la distribución competencial ha obedecido a dos lógicas:

Museos, bibliotecas y archivos. En relación con estas instituciones culturales clásicas corresponde al Estado la competencia exclusiva (legislación y gestión) sobre los de titularidad estatal, sin perjuicio de que pueda acordar la gestión de algunas instituciones de su titularidad con las Comunidades Autónomas donde se ubiquen, correspondiendo en todo caso la competencia normativa exclusivamente al Estado (SSTC 103/1988, 38/2013). Por su parte, corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia plena (legislación y gestión) sobre todos los museos, bibliotecas y archivos que no sean de titularidad estatal (es decir, los de titularidad autonómica, local y privada).

Patrimonio histórico o cultural. Corresponde al Estado una competencia normativa básica limitada a la defensa contra la exportación y expoliación de los bienes integrantes del mismo, y ello independientemente de su titularidad, sea pública –estatal, autonómica o local- o privada, en la cual la noción de «expoliación» es más amplia que el estricto significado gramatical del término (STC 17/1991). Por su parte, las Comunidades Autónomas ostentan una competencia de desarrollo legislativo de esas bases.

Pero, además, la Constitución contiene un precepto adicional -único en su género- referido a la cultura (art. 149.2): «Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas».

A partir de este precepto, el Tribunal Constitucional entiende que existe una concurrencia no excluyente de competencias estatales y autonómicas en materia de cultura. Más que un reparto competencial vertical (común en otras materias), lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente. Que en materia cultural es destacada la acción autonómica es algo inherente a la Comunidad (art. 2 CE). Que a su vez al Estado compete también una competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde otras instancias, es algo que está en la línea de la proclamación que se hace en el indicado precepto constitucional (STC 89/2012).

Ahora bien, el mandato al Estado contenido en el art. 149.2 CE se realizará «de acuerdo» con las Comunidades Autónomas, «lo que implica antes una invocación genérica y de principio a la colaboración entre Administraciones que son titulares de competencias concurrentes en un ámbito material compartido». En definitiva, el Estado por la vía del art. 149.2 CE puede establecer acciones de fomento en materias culturales, bien de manera especialmente intensa en relación con aquellas cuestiones que requieran de tratamientos generales (como fue la aprobación de la LPHE según STC 17/1991) o que exijan de una acción pública supraordenada a la de una o varias Comunidades Autónomas; bien, como suele ser más habitual, en ejercicio de un título genérico de intervención, anclado en el deber que la Constitución le impone en el servicio de la cultura, y que puede justificar la acción de fomento del Estado en materia de cultura (STC 179/2013).

Competencias de las administraciones locales

Tras la reforma de la Ley Básica de Régimen Local de 1985 efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, las competencias locales en materia de cultura quedan como sigue:

Competencias municipales propias (art. 25). El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: Protección y gestión del Patrimonio histórico; m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. Aquí no hay variaciones.

Servicios municipales obligatorios (art. 26). Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes: biblioteca pública.

Delegación de competencias (art. 27). La Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: g) «Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española». Se trata de una delegación pensada más bien para las Diputaciones Provinciales.

Lo que sí se ha suprimido es la anterior posibilidad de los Municipios de realizar «actividades complementarias» de las propias de otras Administraciones Públicas en materia de cultura (entre otras). La realización de otras actividades diferentes a las competencias propias o delegadas (las llamadas competencias «impropias»), sólo se podrá llevar a cabo cuando «no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública» (art. 7).

La Cámara de Cuentas de Andalucía en enero de 2012 publicó un estudio de Fiscalización de actividades culturales en municipios andaluces con población entre 20.000 y 50.000 habitantes (SL 05/2011), de cuyas conclusiones se destacan las siguientes: en la mayoría de los ayuntamientos no existe un plan estratégico o programa general de las actividades culturales. De la tipología de equipamientos que señala la guía de la Federación española de municipios y provincias, el único equipamiento del que disponen todos los ayuntamientos, es el de Bibliotecas. Aproximadamente el 73% de las 40 bibliotecas visitadas, no cumplen con al menos uno de los requisitos relativos a la superficie, el horario de apertura y la disposición de fondos bibliográficos que establece el reglamento del sistema bibliotecario de Andalucía. No todos los ayuntamientos disponen de un inventario de bienes de carácter histórico artístico.

Legislación general sobre cultura

A diferencia de lo que sucede en otros sectores, como la educación o la salud, no existe en España leyes estatales generales en materia de cultura. La norma más general, que se suele utilizar de referencia, es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE). Sin embargo, incluso en relación con el patrimonio cultural, el planteamiento de la LPHE ha quedado anticuado, al no adecuarse a las Convenciones de la Unesco y del Consejo de Europa, lo que ha motivado la elaboración de un anteproyecto de Ley de Patrimonio Inmaterial. Y si nos referimos al resto de actividades e industrias culturales, sólo en fechas relativamente recientes se han aprobado algunas Leyes estatales sectoriales y, por ello, parciales (como la Ley 10/2007, de 22 junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, y la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine).

Y la situación no es muy diferente en el ámbito autonómico, pues si bien se ha avanzado desde la elaboración de planes parciales o sectoriales (como los Planes Generales de Bienes Culturales en Andalucía de los años 90) a planes estratégicos (como el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía de 2007), en cambio, la legislación cultural sigue presidida por las Leyes autonómicas en materia de patrimonio cultural. A lo sumo, la mayoría de las Comunidades Autónomas (no así Andalucía) han creado un Consejo de Cultura, como órgano de participación de la sociedad civil de carácter trasversal.

2. El patrimonio cultural

Ordenación legal

En el ámbito estatal, esta materia está presidida, como se ha señalado ya, por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE), de carácter básico. Por su parte, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han aprobado desde 1990 su propia Ley de Patrimonio Histórico o Cultural, generalmente más avanzadas que la Ley estatal, aunque sólo sea porque son más recientes. En Andalucía, la norma de cabecera es la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), que sustituye a una Ley anterior de 1991.

La LPHE declara que integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Además dela señalada limitación con la que se acoge el patrimonio inmaterial (exclusivamente como etnográfico), debe señalarse que la tendencia actual se decanta por la expresión de «patrimonio cultural» (no así el legislador andaluz), por considerarla más ajustada a la amplitud de los valores que definen el patrimonio que se trata de ordenar y cuya naturaleza no se agota en lo puramente histórico o artístico (valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos, etnológicos, documentales, bibliográficos, científicos, técnicos, o de cualquier otra naturaleza cultural).

Criterios de ordenación

El régimen jurídico de los bienes culturales, esto es aquellos que integran el patrimonio cultural, está en función de tres factores: la naturaleza del bien, grado de protección que pretenda dispensársele y titularidad del mismo. En relación con la naturaleza del bien, se diferencia entre bienes inmuebles, muebles e inmateriales, debido a las evidentes diferentes exigencias que comportan su conservación y protección. Así, por ejemplo, las prevenciones frente a la demolición son propias de los inmuebles y las reglas sobre exportación son exclusivas de los bienes muebles.

En segundo lugar, la Ley no brinda una protección homogénea a todos los bienes culturales, sino que establece varios niveles de protección en función de distintas categorías de bienes. En concreto, la LPHE diferencia entre una categoría genérica de bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, así como dos categorías especiales con una protección cualificada: de un lado, los bienes (inmuebles o muebles) declarados de interés cultural (BIC), calificados como «los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español» (protección alta); y, de otro lado, los bienes muebles incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, esto es, bienes muebles no declarados de interés cultural pero «que tengan singular relevancia» (protección media). De este modo, se trata de concentrar de los esfuerzos públicos y privados en las tareas de su protección y fomento en aquellos bienes de reconocido valor cultural (declarados, inventariados o catalogados).

Por su parte, la LPHA crea el «Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz», el cual engloba los Bienes de Interés Cultural, los bienes de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.

En tercer lugar, aun cuando la propia Constitución -art. 46- establece que la finalidad proteccionista alcanza a todos los bienes que integran el patrimonio cultural, cualquiera que sea su titularidad, cuando se trata de bienes culturales de titularidad pública, la legislación establece reglas particulares (como sucede con el patrimonio documental y, en general, con los bienes muebles, que se declaran imprescriptibles).

Bienes declarados de interés cultural

Según la LPHE, gozarán de «singular protección y tutela» los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural, declaración que corresponde con carácter general a las Comunidades Autónomas. El principal límite es que «no podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración». En Andalucía, hay más de 17.000 BIC declarados.

La salvaguarda jurídica de un bien patrimonial no queda suficientemente solventada con su declaración de BIC, sino que a veces es necesario complementar la misma mediante una figura conexa a la propia declaración de BIC, cual es la delimitación de su entorno protegido, mediante el cual se trata de garantizar al Bien cultural un perímetro de protección física en el cual esté prohibida o limitada cualquier actuación que alterase o dificultase la percepción del Bien. Así, la LPHA señala que «en la inscripción de los bienes inmuebles de interés cultural deberán concretarse, tanto el bien objeto central de la protección como, en su caso, el espacio que conforme su entorno». Sin embargo, como ha señalado el Defensor del Pueblo de Andalucía, en la delimitación del entorno suelen prevalecer intereses urbanísticos sobre los proteccionistas.

Una vez declarado el BIC, los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre tales bienes, o quienes los posean por cualquier título, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita pública, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados (lo que no ha impedido múltiples conflictos, como el acaecido en relación con el Pazo de Meirás). El cumplimiento de esta última obligación podrá ser dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa justificada. En el caso de bienes muebles se podrá igualmente acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición.

Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios. En el caso de bienes inmuebles declarados BIC, las actuaciones debe ir encaminadas a su «conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad». Aunque la dicción del precepto parece inicialmente clara, la realidad viene a demostrar que no es nada fácil determinar cuándo nos encontramos ante una legítima restauración o rehabilitación de un inmueble y cuando nos enfrentamos a una prohibida reconstrucción de un bien histórico. El Tribunal Supremo en una conocida sentencia de 16 de octubre de 2000 en relación al Teatro Romano de Sagunto, declaró que la LPHE ha optado claramente por las posturas partidarias de la mínima intervención o intervención indispensable, desestimando las posiciones defendidas por los seguidores de la denominada «restauración estilística».

Categorías especiales de BIC

En el caso de bienes inmuebles, la declaración se ajusta a alguna de las categorías siguientes, de las cuales las cinco primeras son comunes, pues están contenidas en la LPHE, y las tres restantes son específicas de la LPHA:

• Monumentos: Bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social. Se trata de la categoría más común y tradicional (los llamados por la legislación anterior Monumentos Nacionales).
• Jardín histórico: El espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos sensoriales o botánicos (p. ej., el Jardín Histórico los Jameos del Agua en Lanzarote).
• Conjunto histórico: La agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. En este caso la Ley subraya la necesidad de aprobación de planes especiales de protección de centros o conjuntos históricos que incluyan catálogos de bienes especialmente protegidos, concediendo un cierto protagonismo a los Municipios, debido a la interactuación de las competencias urbanísticas.
• Sitio histórico: El lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico (p. ej., los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez, o al fusilamiento de Blas Infante).
• Zona arqueológica: El lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie (p. ej., el yacimiento de Carissa Aurelia en Espera), en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas (p. ej., La Ballenera en Algeciras).
• Lugares de Interés Etnológico: aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por su relevante valor etnológico.
• Lugares de Interés Industrial: parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico.
• Zonas Patrimoniales: territorios o espacios que constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales (p. ej., la Cuenca Minera de Ríotinto-Nerva).

Planes Especiales de Protección

La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determina la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias establecidas en la LPHE. El plan realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una «protección integral». Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un «nivel adecuado de protección». No obstante, el Defensor del Pueblo de Andalucía ha llamado reiteradamente la atención sobre la falta de aprobación de estos instrumentos de planeamiento de protección en no pocos municipios obligados a ello.

Cuestión diferente es la relativa al debate abierto sobre si es o no razonable la tendencia a la conservación a ultranza de unos determinados modelos arquitectónicos que impiden la renovación urbanística de algunas ciudades o sectores, especialmente de sus cascos históricos, contribuyendo a la aparición de fenómenos como el que se ha venido en denominar de «cosificación» de los centros históricos o a la conversión de los mismos en «parques temáticos históricos», siendo un elemento incentivador del envejecimiento de la población asentada en los mismos. Así, hay expertos que propugnan una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas de protección, de tal forma que se posibilite una regeneración y revitalización de los cascos históricos y la aparición en los mismos de elementos representativos de otras épocas y culturas arquitectónicas o urbanísticas.

Medidas de fomento

Tanto la LPHE como la LPHA establecen que en toda obra pública financiada total o parcialmente por la Administración del Estado o de la Junta de Andalucía, cuyo presupuesto exceda de un millón de euros, se incluirá una partida equivalente al menos al 1 por ciento de la aportación pública destinada a obras de conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico (el Gobierno central la ha elevado al 1/5%). Para la gestión de esta financiación, los departamentos u organismos puede bien transferir a la Administración Cultural el importe para que lo gestione ésta o bien pueden gestionar ellos mismos ese fondo, directamente o cediéndolo a otras Administraciones (por ejemplo, a Ayuntamientos).

3. Sector del libro

En el ámbito estatal, el sector del libro y las bibliotecas se encuentra ordenado en la Ley 10/2007, de 22 junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que tiene carácter básico. Hasta entonces esta materia estaba reglada por la Ley 9/1975, de 12 marzo, del Libro, pero gran parte de sus preceptos estaban superados por la nueva realidad constitucional, tanto por la regulación de derechos y libertades como por el nuevo marco territorial constitucionalmente establecido.

Promoción del sector del libro

La Ley ordena el apoyo de los poderes públicos al libro, como modelo de expresión cultural, así como a la labor de sus diversos protagonistas, y de principal industria cultural de nuestro país, como es el sector del libro.

• Promoción de la lectura. El fomento de la lectura es uno de los mejores apoyos para el futuro del sector del libro español, tanto en su vertiente cultural como industrial. Por ello, la Ley 10/2007 insta al Gobierno a aprobar y desarrollar planes de fomento de la lectura, los cuales considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector (arts. 3 y 4). Como instrumento adicional, se creó el «Observatorio de la Lectura y del Libro», dependiente del Ministerio de Cultura, con el objetivo de análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas (Real Decreto 1574/2007, de 30 de noviembre).
• Promoción de los autores. La Ley 10/2007 obliga al Ministerio de Cultura a desarrollar, con la participación y colaboración de las Comunidades Autónomas, campañas de promoción de los autores (incluidos traductores) que se expresen en castellano o en cualesquiera de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. En tal sentido, se prevé un sistema de premios a favor de los autores de los principales ámbitos de la actividad literaria, cultural, científica y técnica.
• Promoción de la industria editorial y del comercio del libro. La Ley 10/2007 obliga a la Administración del Estado a establecer programas de apoyo a la industria y al comercio del libro para garantizar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar el acceso a la lectura en consideración a los valores culturales que el libro representa y a su importancia industrial y económica. Estos programas tendrán en cuenta a las librerías no sólo como lugares de venta de libros, sino también en su calidad de agentes culturales.

Número internacional de libros y publicaciones seriadas

• Libros. El International Standard Book Number, número ISBN, es el número creado internacionalmente para dotar a cada libro de un código numérico que lo identifique, y que permite coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado, estimulando la cooperación de los proveedores y usuarios de la información bibliográfica que constituye su objeto fundamental. En aplicación de las recomendaciones y orientaciones internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, el Ministerio de Cultura es el órgano encargado de desarrollar el sistema del ISBN en nuestro país, sin perjuicio de las competencias que hayan asumido las Comunidades Autónomas (Cataluña tiene traspasadas las competencias). Ahora bien, la asignación del ISBN tiene valor identificativo a los solos efectos de difusión y comercialización, sin que dicha asignación comporte elemento alguno de valoración de la obra registrada, ni acredite la publicación efectiva de la misma (Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre).
• Publicaciones seriadas. El International Standard Serial Number, número ISSN, es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas. En España su gestión corresponde a la Biblioteca Nacional, sin perjuicio de las competencias que hayan asumido las Comunidades Autónomas (Cataluña tiene traspasadas las competencias).

Comercialización: el precio fijo

La regulación sobre la comercialización del libro y publicaciones afines parte de la convicción de que se ofrece un producto que es más que una mera mercancía: se trata de un soporte físico que contiene la plasmación del pensamiento humano, la ciencia y la creación literaria, posibilitando ese acto trascendental y único para la especie humana, que es la lectura. La difusión de esas creaciones, su valor cultural y su pluralidad requieren una cierta garantía tanto en el control de calidad del texto como en su comercialización para que puedan ser accesibles al mayor número de potenciales lectores. Esos fines son los perseguidos por los sistemas de precio fijo o único de los libros, de este modo, se permite la coexistencia de ediciones de rápida rotación y otras de más larga rotación, ofreciendo las librerías no sólo lo novedoso sino un fondo bibliográfico que facilite el acceso igualitario y diverso a la cultura, tal y como exige el artículo 44 de la Constitución.

Ley apuesta por un sistema que en España se viene manteniendo históricamente, y que también es claramente mayoritario en la Unión Europea. En este ámbito europeo, las instituciones han reconocido de forma expresa la compatibilidad de las leyes nacionales del precio fijo con el Derecho comunitario, sistema seguido por los países del espacio iberoamericano.

Así, Ley 10/2007 pretende reforzar el principio general del precio fijo estableciéndose, con rango legal: toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los libros que se editen, importen o reimporten, todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción. Con el fin de garantizar una adecuada información el editor o importador quedará asimismo obligado a indicar en los libros por él editados o importados el precio fijo. No obstante, se prevén tanto exclusiones al precio fijo (como libros antiguos, descatalogados y usados, y sobre todo, libros escolares), como excepciones al mismo (Ferias del Libro, Congresos o Exposiciones del Libro, entre otros).

Depósito legal

• Misión y ordenación. La obligación del depósito legal es muy antigua. Ya en 1619 Felipe III concedió a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros se imprimiesen. Y en 1716 Felipe V amplía este privilegio a la recién fundada Librería Real, hoy Biblioteca Nacional de España. Hoy en día, el depósito legal tiene por misión fundamental la preservación de la cultura, haciendo posible que cualquier persona pueda acceder al patrimonio cultural, intelectual y bibliográfico, así como coadyuvar a la protección de los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Por tanto, La observancia de la obligación de constituir el depósito legal es una condición imprescindible para garantizar el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos (disposición adicional 1ª Ley 10/2007). En la actualidad, el depósito legal se ordena por Ley 23/2011, de 29 de julio.
• Obras y sujetos obligados. Son objeto del depósito legal todo tipo de publicaciones, producidas o editadas en España, por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, y distribuidas o comunicadas en cualquier soporte o por cualquier medio, tangible o intangible. Están obligados a constituir el depósito legal los editores que tengan su domicilio, residencia o establecimiento permanente en territorio español, cualquiera que sea el lugar de impresión.
• Constitución del depósito. Los obligados al depósito legal deberán proceder a la constitución del mismo ante la oficina de depósito legal que determine la Comunidad Autónoma en la que tenga su sede social el editor a través del sistema que establece esta ley, y siempre antes de su distribución o venta. En caso de incumplimiento de la obligación de depósito legal, la obra no podrá ser distribuida.
• Número de depósito legal. La persona obligada a realizar el depósito legal de una obra publicada en un soporte tangible solicitará el correspondiente número de depósito legal antes de que finalice la producción o impresión del documento. El número de depósito legal está compuesto de las siglas DL, o el que se determine como equivalente por las Comunidades Autónomas, la sigla que corresponda a cada Oficina, el número de constitución del depósito y el año de constitución del mismo, en cuatro cifras. Las diversas partes del número de depósito legal estarán separadas por un espacio, salvo el año que irá precedido de un guión. Al finalizar cada año se cerrará la numeración, que se iniciará de nuevo al comenzar el año.
• Centros de conservación. Son la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. La Biblioteca Nacional de España es centro de conservación de, al menos, dos ejemplares de las primeras ediciones, reediciones de libros, folletos y recursos multimedia en los que al menos uno de los soportes sea en papel.

4. Bibliotecas

Legislación estatal

• Bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas (no en el sentido de su titularidad sino de su uso público) son el medio por el que los poderes públicos posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información, la educación y la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Por ello, la Ley 10/2007 obliga a las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar el acceso de los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusión del pensamiento y la cultura contribuyendo a la transformación de la información en conocimiento, y al desarrollo cultural y la investigación. A tal fin, el servicio de biblioteca pública debe poder ser utilizado por cualquier ciudadano conforme a un principio de igualdad, independientemente de su lugar de origen o residencia (art. 13).
• Sistema Español de Bibliotecas. Ya previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (art. 66), según la Ley 10/2007, está integrado por las bibliotecas de titularidad estatal, los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y todo tipo de entidades privadas en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad. El Sistema Español de Bibliotecas fomentará la igualdad en el acceso a un servicio público de biblioteca de calidad en el conjunto del Estado para que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos de sus distintas zonas o de los municipios con menor índice de población. Como órgano de cooperación del Sistema se crea el «Consejo de Cooperación Bibliotecaria», integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales (Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre). En todo caso, esta cooperación es fundamentalmente de carácter voluntario (art. 15 Ley 10/2007).

Sistema Español de Bibliotecas