Introducción

El objetivo de este capítulo del Manual Atalaya es desentrañar cómo se desempeña la vida cultural y patrimonial para los 5,6 millones de personas que habitan en el 84% de los municipios españoles con menos de cinco mil habitantes.

No pondremos el foco en el medio rural español, ese que ocupa tres cuartas partes de la superficie del territorio peninsular (390.000 km2 aproximadamente), y en el que viven algo más del 17% de nuestra población. Nos concentraremos en esa parte de este que es vivido por el 11% de la población española: los municipios de menos de cinco mil habitantes. De los 8.131 municipios que hay en España, según el censo del INE de enero de 2020, 6.827 tienen menos de cinco mil habitantes.

La razón de esta selección viene dada porque nuestros legisladores consideraron y consideran que existe la «obligación por parte de la Administración Local de ofrecer una biblioteca pública en los municipios mayores de 5.000 habitantes», tal y como recoge el artículo 26.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL en adelante), aprobada en 1985. Por lo tanto, el 11,8% de nuestra población permanece, inicialmente, invisible para nuestros legisladores como destinatarios de la dotación cultural básica imprescindible.

Distribución competencial de la cultura en España

La España cuasi federal, en la articulación de sus competencias en el apartado de las políticas culturales en la que nos insertamos, distribuye las mismas en cuatro niveles:

1. El gobierno central mantiene la competencia de coordinación y tutela legislativa.
2. Las comunidades autónomas «cubren todos los ámbitos de la política cultural (desde el patrimonio hasta la promoción de las industrias culturales, pasando por las artes visuales o escénicas)» (Rius Ulldemolins, 2016, p. 124).
3. Los municipios, al amparo del artículo 25 de la LRBRL, pueden «prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad» con una reserva expresa de competencias para Estado y Comunidad Autónoma en tres competencias que son claves para una política cultural («e) Patrimonio histórico-artístico m) Actividades e instalaciones culturales y ocupación del tiempo libre»), aunque y, en este punto se abre la actuación discrecional pero no competencial de los ayuntamientos en materia de cultura y patrimonio, «los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la Cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente» (artículo 27 LRBRL).
4. Y, finalmente, las Diputaciones o Cabildos, que (artículo 36.2b LRBRL) quedan definidas como administraciones subsidiarias de los ayuntamientos y como prestadora de servicios en los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes. Son las verdaderas diseñadoras, articuladoras y financiadoras de las políticas culturales de los municipios de menos de cinco mil habitantes[1], ya que cuentan con políticos, técnicos y recursos suficientes para asumir este papel, aunque como detectan Rius y Vila existe un «notorio y elocuente déficit de literatura referida a la política cultural de las diputaciones en su conjunto» (Rius Ulldemolins, 2016, p. 135

¿Es la política cultural una política social?

Un repaso bibliográfico y de hemeroteca nos conduce a la siguiente conclusión: para el ámbito legislativo y político, pero también para el ámbito académico, la política cultural en España no está considerada como uno de los elementos de las políticas sociales, ni siquiera como uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar. Como he sostenido ya en otros foros y artículos, la cultura y las artes en España (por ascendencia, la política cultural también) es más de preámbulos que de articulados; es más una discrecionalidad política que un derecho ciudadano; es más complementaria que contingente; es más periférica que central; en suma, es más adjetival que sustantiva, si se me permite la expresión.

No obstante, autores como Riquelme y Caravaca sostienen que en el ámbito del Bienestar Social hay tres grandes instrumentos de intervención: la formación social, la seguridad social y la asistencia social. Dentro del primer instrumento, el de la formación social, detectan medidas generales de desarrollo de los derechos de ciudadanía del Bienestar social y contemplan las acciones culturales entre ellas: «la educación nacional y obligatoria, los servicios sanitarios, las acciones culturales, la labor medioambiental, la vivienda social y protegida, etc.» (Fernández Riquelme & Caravaca Llamas, 2011, p. 21).

Desde una perspectiva menos social, pero con un enfoque plenamente integrado, Subirats vaticina que si el artículo 9.2 de la Constitución Española es el fundamento de un pacto:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La cultura es, plenamente, una política social porque añade el valor de la diversidad a este contexto de barreras para una plena libertad e igualdad:

Hoy en día no sólo está en juego la viabilidad de mantener ese pacto, sino la conveniencia, como decíamos, de añadir el valor de la diversidad (cultural, vital, de género, etc.) en la fundamentación de las políticas sociales que sirven para que el concepto de ciudadanía no sea algo genérico y sin efectos reales (Subirats, 2014).

A pesar de todo lo anterior, si recuperamos dos de los factores de una política cultural pública según Subirats: ser generador de efectos económicos y sociales positivos (creatividad, autoestima e imagen positiva de personas y territorios) y ser preservador del patrimonio colectivo, histórico o natural, quizás podamos concluir que en los municipios de menos de cinco mil habitantes, aunque la Política y la Academia no lo sustenten, la política cultural es parte, de facto, de las políticas sociales de este ámbito rural.

El contexto de 2021

Pensar en 2021 sobre cualquier aspecto relacionado con lo rural supone recurrir a enfoques o paradigmas teóricos relacionados con conceptos diferentes pero limítrofes: España vacía (Molino, 2016), España vaciada (Belén Remacha et al., 2019), España despoblada (Cátedra contra la Despoblación de Next Educación, n.d.), España desdeñada (Llamazares, 2020), la España en la que nunca pasa nada (Cabello, 2021), España periférica (Zarzalejos, 2011), España interior, etc.

Subyace, sin duda, en mi opinión, un corrimiento disruptivo sobre el concepto de desigualdad al trasladarse el foco desde las cuestiones clásicas de desigualdad económica marxista, de desigualdad económica, social y política weberiana (clase, estamento y partido), de desigualdad interna de la meritocracia de Durkheim hacia puntos de vista que centran la desigualdad en cuestiones asociadas al territorio ya sea político (movimientos secesionistas) o ya sea geográfico (rebelión del mundo rural, rebelión de los chalecos amarillos, etc.). Tras esta última desigualdad, la demográfica, aflora lo que en terminología de la Comisión Europea se conoce ya como «geografía del descontento».

Los procesos de despoblamiento, de declive y, en ocasiones, de abandono, no son inocuos: afectan a sus pobladores, a su bienestar, al medio en el que viven, pero también y, de una manera muy intensa y silenciosa, a la cultura rural que pierde en lo material (patrimonio) y en lo inmaterial (memoria).

La INVISIBILIDAD DE LA CULTURA Y EL PATRIMONIO dentro del propio ámbito rural

El Plan frente al Reto Demográfico incluye 10 ejes estratégicos y 130 medidas. De los 10 ejes, uno (el noveno), está dedicado a la «promoción de la cultura» integrando o renombrando programas ministeriales ya existentes como los de digitalización de bibliotecas, 1,5% cultural, ruralidades, Platea, rehabilitación de patrimonio, ayudas a librerías y galerías. Si bien es cierto que algunos programas introducen criterios o discriminación positiva hacia lo rural, el resultado probable es que muchos de los programas y ayudas no podrán llegar a la mayor parte de los municipios de menos de cinco mil habitantes porque, en muchos casos, no cuentan con librerías, no cuentan con galerías, no cuentan con espacios escénicos, no cuentan con capacidad burocrática para gestionar solicitudes como las del 1,5% cultural, no cuentan con buenas conexiones de internet, etc.

Si descendemos al ámbito autonómico, resulta ilustrativo revisar la reciente, y única cuando escribo este texto, Ley de Despoblamiento de Castilla La Mancha (2021) por su carácter claramente innovador. Se trata de una Ley forjada con procesos de participación pública muy intensos y en los que la población rural a través de sus líderes sociales, económicos, culturales y políticos ha tenido voz y presencia. En este texto legislativo, las políticas culturales no aparecen de manera expresa y la cultura se vislumbra en un artículo 63 dedicado más a Internet que a las bibliotecas, y en un articulo 65 que contempla el ocio responsable. Otras tres menciones (3d; 3f; 4l) hablan de forma genérica de valores culturales, patrimonio cultural y hegemonía cultural.

La misma situación encontramos en foros más informales, pero nada sospechosos de no estar formados por personas del medio rural o cercanas al mismo: nos referimos al llamado G100, autodenominado como «las 100 personas que cambiarán el mundo rural» o al FREDD (Foro de Regiones Españolas con Desafío Demográfico).

En el primer caso, este grupo que ha impulsado una plataforma de rural proofing (ruralizar las leyes) está formado por cien personas de las cuales siete aparecen asociadas al sector de la educación y de la cultura. De esas siete, la cuota cultural queda representada por una realizadora de documentales y por un creador. En su documento Legislación + justa: no hay ninguna medida específica del ámbito cultural, creativo o patrimonial sobre un total de setenta.

En el segundo caso, el del FREDD, si tomamos la Declaración de Cuenca de 2016, sólo encontramos una referencia a la cultura en la propuesta ómnibus 4: «La necesidad de llevar servicios de calidad a las zonas despobladas y a las de lata dispersión poblacional, tanto de carácter educativo, como social, sanitario, cultural, formativo y comunicaciones».

Si nos elevamos a la a veces lejana realidad europea y repasamos algunos documentos recientes y claves, constatamos que el Pacto Verde la UE no introduce la cultura, las artes o la creación en su agenda; que la Declaración de Cork 2.0 de 2016 apenas registra una referencia a «los paisajes culturales y el patrimonio de Europa» en su apartado 4; o que la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) en su declaración de principios rurales, de 2019, recoge el principio 8 de resiliencia que precisa la necesidad de «valorar, promover y preservar la tradición y los bienes culturales y patrimoniales». Finalmente, el Informe Beyond the urban realiza un certero diagnóstico sobre la interacción entre las artes, la cultura y el mundo rural y propone algunas soluciones genéricas. Entre ellas, destaca la recomendación siguiente: «Tener en cuenta las peculiaridades del trabajo artístico y cultural en las zonas rurales: necesidad de más tiempo, más espacio, esfuerzo y dedicación para investigar, comprometerse con las comunidades y realizar prácticas sostenibles».

Tampoco en lo académico encontramos reflexión sobre las políticas culturales rurales: el, por otra parte, excelente Treinta años de políticas culturales en España no recoge capítulo o referencia de calado a la cultura que viven más de cinco millones de habitantes en España; pero tampoco otros artículos especializados como el de Repensar las políticas culturales locales, aparece referencia alguna. Sólo se hablan de Ciudades (León, 2019). Digno de mención por su esfuerzo constante de investigación-acción pero también de repositorio documental y audiovisual es el programa y espacio web del Ministerio de Cultura y Deportes denominado CULTURA Y RURALIDADES (https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural.html).

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE La vida cultural de los municipios de menos de cinco mil habitantes

El despliegue de las políticas culturales en forma de actividades y programas, y su derecho a la vida cultural en el sentido que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Paris, en 1948, de la UNESCO: «toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes, y a participar en el progresos científico y en los beneficios que de él resulten», podría ser descrito (a partir de las principales aportaciones del Grupo Focal ya reseñado y cuyos integrantes aparecen en el anexo 1 de este capítulo) de la siguiente forma, siempre que se tenga en cuenta que, aunque existen muchos elementos comunes en la vida cultural de los municipios de menos de cinco mil habitantes, su tamaño, grado de aislamiento y localización incrementan o decrementan la intensidad de estos rasgos comunes:

6.1. Modelo de gestión

Las actividades y equipamientos culturales dependen en un alto grado de las Diputaciones Provinciales y Cabildos [2]: en materia cultural «los Ayuntamientos todavía no son mayores de edad» al no contar, en general, ni con presupuestos propios ni con personal técnico estructural. Esta dependencia suele generar programaciones homogéneas y globalizadas: «máquina de churros que nos da la Diputación»; así como equipamientos muy estandarizados que suelen actuar como postizos urbanos y ajenos en la realidad rural. Por ello, en materia cultural, la plaza del pueblo sigue siendo el lugar de referencia para la población a pesar de los numerosos equipamientos específicos generados desde los años ochenta hasta la actualidad. Este modelo protagonizado por las Diputaciones, a veces cooperativo, las más asistencialista, supone para los pequeños y diminutos equipos municipales un verdadero reto burocrático de completar propuestas, fichas y justificaciones.

Como recoge Lucas Fernández, siguiendo a Cettolo, hay dos enfoques (Fernández, 2020, p. 65): a) acciones en las que el territorio hace el proyecto y en las que el protagonismo puede ser para el patrimonio, la memoria o la innovación en los saberes, o b) acciones donde el proyecto hace al territorio. Parece que, mayoritariamente, nuestras Diputaciones Provinciales y Cabildos han apostado por el segundo punto de vista.

6.2. Temporalización

La inexistente planificación de estas políticas culturales suele desplegarse en torno al ciclo festivo-estacional: «Navidad, carnavales, Semana Santa, feria, romería; Navidad, carnavales, semana santa, feria, romería, y así hasta el infinito. Año tras año». Según la geografía, se añade algún momento relacionado con alguna efeméride histórica, con los ciclos campesinos o ganaderos (matanza, siembra, vendimia, recogida de la cosecha, etc.) que a partir de lo etnográfico se convierten en grandes eventos culturales de base turística. Durante el resto del año, la vida cultural se juega en la biblioteca pública —a pesar de no estar estipulado por ley que estos municipios tengan el derecho explícito a tener biblioteca, la mayoría de ellos cuenta con una Biblioteca Pública— y en la celebración de talleres muy vinculados a las mujeres y a las personas jubiladas: «el resto del año tenemos una sequía, una escasez y una falta de criterio que, a mí, a veces, me abochorna».

6.3. Públicos y usuarios

La vida cultural de estos municipios descritos y la política cultural que cada uno desarrolla está muy condicionada por el segmento o segmentos de públicos en el que se ponga el foco como destinatarios de esta. Si segmentamos un pequeño pueblo de quinientos, mil, tres mil o cinco mil habitantes en las tipologías de públicos que tanto gustan al marketing cultural, podríamos encontrar los siguientes grupos bajo una taxonomía bastante personal basada en la observación y en algunos comentarios de los asistentes al grupo focal:

• Vecinos: son los nativos de un pueblo, más vinculados tradicionalmente a la acepción antropológica de la cultura que a la estética. Habitualmente envejecidos y con registros formativos elementales, no suelen ser el centro de las políticas culturales, más diseñadas para atraer o complementar el turismo que para dotar de una formación estética, cultural o patrimonial a sus paisanos. Son públicos, usando el trazo grueso, que prefieren actividades reforzadas por el mainstream popular de televisiones y emisoras de radio. Para Sanz Hernández, «proporcionalmente, es mayor la asistencia a los actos organizados en pequeñas localidades que en las áreas metropolitanas, pese a la escasez, el dirigismo externo y la pésima difusión de la oferta». En un pequeño pueblo, una actividad en la plaza puede ser el acontecimiento comunitario del día o de la semana, por ello, hay cierta coincidencia en considerarlos un público más asistente que participante. Se destaca el importante papel para la cultura y para el patrimonio de las mujeres rurales que, progresivamente, están ocupando espacios públicos y que protagonizan buena parte de las actividades culturales de un municipio de menos de 5.000 habitantes: en bastantes pueblos «las asociaciones de mujeres gobiernan en la sombra». Quizás, porque, tradicionalmente:

Los hombres la mayor parte del año no estaban, con lo cual era la mujer la que sacaba adelante la casa y eso queda. Y al final la mujer es una parte muy importante de la sociedad y sobre todo es una parte muy activa en la sociedad. Entonces, tanto dentro de casa, como fuera de casa. Y eso hace que, tanto en la acción cultural como en el consumo cultural, de los pueblos sea un elemento muy importante (g.f., 02:02:35).

Pasan los años y, aunque hay avances, sigue vigente en parte, para los que trabajan en temas culturales en los pueblos, la expresión: «los hombres vamos a dejarlos por imposibles, porque sus relaciones sociales las tienen en el bar» (Sanz Hernández, 2007, p. 169).

• Residentes no nativos: antiguamente maestros, curas, médicos, farmacéuticos; actualmente, también, artistas y creadores neorrurales, que se asientan temporal o permanentemente en el territorio, normalmente vinculados a un rol de preeminencia o liderazgo para los habitantes. Antes conformaban la élite letrada del pueblo; hoy son los líderes de opinión y, a veces, de gestión. Con la democracia han mudado de fuerzas vivas a motores del pueblo.
• Hijos del Pueblo: denostados, muchas veces internamente, con los apelativos de limpiaorzas, comepollos, etc., son aquellos nativos que emigraron en la corta distancia o en la larga, al mundo urbano, y que regresan al pueblo en período vacacional, normalmente a la casa familiar o a la casa propia que han rehabilitado. Suelen ser muy dinámicos y participativos en los períodos de permanencia y han contribuido de manera evidente a mantener buena parte del patrimonio arquitectónico rural y muchas comisiones de festejos.
• Forasteros: en general, personas ajenas originariamente a la realidad del pueblo que cuentan con una segunda vivienda en el mundo rural, con niveles desiguales de integración.
• Visitantes: personas que visitan en jornadas de día o fin de semana el pueblo con perfiles de turismo rural o recreativo. Muchos pueblos generan ofertas culturales vinculadas al acontecimiento (histórico, gastronómico, artesanal, memorialístico, etc.) para incrementar y fijar esos visitantes a su pueblo en cuestión. En un contexto bourdieuano, los visitantes «hemos convertido el campo en una nueva forma de distinción para públicos urbanos» (Fernández León, 2020, p. 199).

Las políticas culturales rurales están claramente condicionadas por la apuesta que se haga por atender a un grupo o grupos de públicos o usuarios en mayor o menor medida. También, están condicionadas porque un grupo concreto, o grupos de los mencionados, pase de público a agente motor y protagonista de un determinado proyecto o programa cultural o patrimonial. Los pueblos son realidades pequeñas en los que la interacción de estos grupos como públicos, como protagonistas y como agentes, se entrecruzan y generan iniciativas muy diferentes y asimétricas.

Si se trabaja para el visitante, las actividades se conectan al ciclo festivo-religioso y surgen de una «profunda turístificación de todo, absolutamente, en la que al final la persona que vive el municipio durante todo el año lo que hace es sufrir el municipio durante todo el año porque no le ofrecemos nada»; si se enfoca para los hijos del pueblo se concentran en verano; si se piensa en los vecinos, se buscan las franjas temporales con mayor disponibilidad de tiempo libre: «el vecino de estos pueblos en verano fundamentalmente se dedica al turismo, trabaja diez, doce horas diarias y no tiene tiempo ni ganas para asistir a ninguna actividad cultural». Hay municipios, pocos, que combinan los tres puntos de vista; pero lo habitual, usando el símil agroganadero, es que el modelo de política cultural sea el intensivo que concentra en poco tiempo muchos recursos e impactos más que el extensivo, vinculado a proyectos endógenos de medio plazo.

6.4. Agentes culturales

Los agentes activos en la vida cultural de estos municipios suelen ser el alcalde; el concejal de Cultura/Fiestas; en algunos municipios, el técnico local, comarcal o cedido por Diputación[3]; las pocas asociaciones; las escasísimas empresas vinculadas al turismo; las importantes comisiones de Fiestas y lo que podríamos denominar activistas culturales: personas activas que impulsan programas y actividades desde el voluntariado más absoluto o desde el ámbito creativo. En general, se considera que estos agentes, especialmente los institucionales, que intervienen en las políticas culturales desde el propio territorio están huérfanos en formación de gestión cultural y del patrimonio. Por ello, quizás, estos agentes no suelen tener una planificación —especialmente difícil y evidente para consensuar calendarios a nivel comarcal— y, en general, programan influenciados por las tendencias en redes sociales; por la emulación de lo que ha salido bien en otro pueblo, así «si uno hace un proyecto y funciona, todos quieren el mismo. Y todos quieren tener su feria medieval, aunque su municipio no tenga ninguna historia medieval»; por lo que han visto en alguna visita a alguna comarca más lejana; o por selección de lo que ofrece el catálogo de actividades de la Diputación, conocido este proceso en algunas provincias como Concertación. Si la comarca es activa y cuenta con recursos comunitarios la vida cultural suele ser más permanente; si la comarca está en declive o desactivada, esta vida cultural queda al pairo de la gente del pueblo y de su propia implicación. Para la mayoría de estos agentes descritos, «vivir en un pueblo es, en sí mismo, un proyecto cultural».

En el caso de lo que llamábamos activistas culturales, se genera un fenómeno del mayor interés social y cultural que supone la aparición de iniciativas culturales, patrimoniales y artísticas «en lugares en los que no se las espera» (Fernández, 2020, p. 65) y en la que entran en juego el diálogo y la dialéctica entre lo propio y lo ajeno –apropiación desde lo contemporáneo—, lo auténtico y lo postizo y, sobre todo, el papel social del arte en pequeñas comunidades y, sobre todo, cómo el vecino hace suya o no estas propuestas, en principio, ajenas. Sin duda, un debate de calado e interés ya que existe un consenso general en considerar a estos «nuevos residentes» (Ocaña Pérez de Tudela, 2020) como agentes de innovación y de cambio. No sé si en algún caso aspiraremos a reescribir las «ciudades creativas» de Florida como pueblos creativos, pero hay algo de ello como ha vaticinado el propio Sergio del Molino.

6.5. Equipamientos culturales y del patrimonio

En relación con los equipamientos culturales y del patrimonio, se detectan los siguientes como más habituales: biblioteca, centro polivalente o multiusos, y polideportivo como estándares culturales mínimos de esta realidad que «sirven para todo y que al final no sirven para nada». Dependiendo de otros factores, ocasionalmente, pueden aparecer también un pequeño teatro, casa de cultura, sala de exposiciones, museo o centro de interpretación. Y en un tercer bloque, como recurso comunitario también para la cultura, equipamientos no formales como la plaza, la iglesia, la capilla, el silo, etc., que, frente a los anteriores, son vividos en general como espacios propios, frente a los primeros –conceptualmente urbanos– que parecen «equipamientos a la espera de la gente».

La biblioteca, en la actualidad, aparece conviviendo con los centros de acceso comunitario a internet y a su alfabetización. A veces, ocupan el mismo espacio, y en otros espacios diferenciados como si el soporte condicionara el servicio. Muchos de ellos fueron diseñados y construidos sobre las cenizas de nuestros viejos teleclubs del franquismo. Estos teleclubs tuvieron, como reseña Luis Herrero Martín, «cerca de 750.000 socios integrados en 5.000 centros» y fueron en la década de los setenta del pasado siglo una espoleta cultural, educativa y política.

Con relación a estos equipamientos, se comparte de manera general el siguiente balance:

Hemos conseguido cuarenta años después, es verdad, toda una red de infraestructuras, de personas, de programación estable que va calando en los municipios pequeños, pero muy ligado a esa estacionalidad del tamborilero en la fiesta, de la semana cultural en el verano, de algún ciclo, de algunos talleres permanentes a lo largo del año. Pero como muy deslavazado, de alguna manera, si dicen que la escuela mata la creatividad, la infraestructura cultural ha matado la cultura rural.

Conclusiones

1. Las políticas culturales son doblemente invisibles en el ámbito rural. La primera invisibilidad, ya demostrada, proviene del ámbito de la política (del legislativo y del ejecutivo), ya que no asignan a estos pueblos ningún servicio cultural como básico. Si la primera invisibilidad es exógena al medio rural, la segunda invisibilidad, en régimen de aparcería, podría proceder tanto de los centros de poder autonómicos y de las capitales de provincia, como del propio interior de los municipios de menos de cinco mil habitantes.
2. La política cultural es parte, de facto, de las políticas sociales de este ámbito rural, aunque no exista un respaldo normativo, académico y social efectivo. Nos encontramos ante una política social, la cultural, que debe buscar el bienestar de todos y, sin acudir a la a veces vacía sostenibilidad, que debe buscar «el bienestar de todo» (Barco, 2020, p. 82): la naturaleza, su entorno y romper así —dónde mejor si no que en el medio rural— con la antítesis filosófica de cultura contra naturaleza. Sin olvidar un legado rural comunitario y campesino muy cercano al actual concepto de sostenibilidad que puede ser rescatado de su progresivo olvido, especialmente desde las políticas culturales.
3. La despoblación rural ha entrado en la agenda pública, pero la cultura que se hace y se disfruta en los pueblos de menos de cinco mil habitantes, no. La cultura y el patrimonio, especialmente en estos pueblos de menos de cinco mil habitantes, no deberían ser sólo una herramienta para frenar la despoblación, para incrementar la renta, para atraer más turistas o para comunicar la marca de un territorio. Si se contempla de esa forma, no conseguiremos ninguno de esos objetivos. Para muchos pueblos, la cultura y el patrimonio pueden ser una política social de minoración de la desigualdad y de empoderamiento de individuos y territorios a través de su capacidad para construir colectividad, para repensar nuestra relación con el medio y para buscar soluciones a problemas irresolubles a través de las artes y de la creación.
4. El habitual desequilibrio español de híper-soporte público a la cultura y el patrimonio frente a una presencia testimonial de lo privado a lo fundacional se intensifica en estos pequeños pueblos. Escasas pero valiosísimas iniciativas fundacionales como las de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (https://fundacioncerezalesantoninoycinia.org/) muestran, a las claras, una excelente hoja de ruta que seguir en materia de cultura, patrimonio y educación.
5. Las políticas culturales y patrimoniales de los pueblos de menos de cinco mil habitantes cuentan con la gran oportunidad de romper con la lógica urbana de la gestión cultural basada en el evento y trabajar sobre proyectos comunitarios en los que el evento o la actividad pueden ser un resultado final, un complemento en el itinerario, pero no un fin. Existe una necesidad de girar las políticas culturales, proceso a proceso, de la mera asistencia o participación, a la implicación y de la implicación al compromiso, sucesivamente. En este sentido recomendamos como buena práctica el Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I por su capacidad para secuenciar este proceso tan complejo y, sobre todo, para acompañarlo desde la Universidad en el territorio.
6. El enfoque turístico de la cultura y el patrimonio ha sido muy positivo para la autoestima y la economía de los pueblos, pero ha tenido efectos no deseados que pueden concretarse en los siguientes: un folclore cosificado; una historia simulada y banalizada (recreaciones); o lo que Lucas Fernández denomina «festivalización de la cultura» en el ámbito rural (2020, p. 68).
7. Existe una evidente inequidad en el acceso a los bienes y servicios culturales en estos municipios frente a las grandes ciudades. La mayor desigualdad está asociada con lo que podríamos denominar el talento artístico. La lejanía de conservatorios de música, de danza o escuelas de arte pone a un niño, a una niña o joven habitante del campo en una situación de desigualdad supina frente al de ciudad. Al tratarse de enseñanzas claramente presenciales, de élite y localizadas en las grandes ciudades, el acceso solo es posible desde el mundo rural a costa del éxodo. La nueva y quizás mayor desigualdad social de efecto cultural que aparece en los pueblos de menos de cinco mil habitantes proviene de la imposibilidad de contar con un ancho de banda y con un nivel de renta suficientes para poder acceder a las grandes plataformas digitales de cine, música, libros, videojuegos, etc., en las que, en la actualidad, se cuece y florece una buena parte de los contenidos culturales contemporáneos que, en palabras de Guirao, transterrioralizan el consumo e inmaterializan los productos culturales (Guirao, 2021). Quizás por ello, en este tipo de municipios pequeños, no ha llegado aún de manera completa el nuevo perfil de consumidor cultural híper individualizado que asociamos ineludiblemente a los jóvenes urbanos. Frente a ese vecino que asiste a buena parte de lo que pasa, culturalmente, por la plaza o por el centro cultural del pueblo irá floreciendo, también es estos pueblos, el consumo individualizado, aunque de momento, en estos pueblos no hemos llegado, pero llegaremos a la «aldea cosmopolita» (Izquierdo Vallina et al., 2019). Así, iniciativas del Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas, como eBiblio (préstamos de libros electrónicos), van a cambiar nuestras pequeñas bibliotecas rurales y los cometidos que ahora tienen.
8. Las políticas culturales están contribuyendo también a perpetuar el tópico de la mayor conexión con el mundo rural en la edad tardía: pueblos envejecidos en declive en los que el éxodo juvenil es la norma (Llorent-Bedmar et al., 2021) y en el que los pocos jóvenes que se quedan solo tienen derecho a trabajar y a beber en el bar.
9. Si en el mundo urbano se produce la convivencia, metafóricamente, de anoréxicos culturales frente a bulímicos culturales, en el mundo rural, estos dos extremos están más matizados, lo que nos da pistas de una menor desigualdad cultural interna. A pesar, incluso, de que «no se hacen trabajos de creación de público, no se crean redes y hay muy poca adecuación de los proyectos culturales al territorio» (g.f., 01:08:53).
10. Pasan los años y las buenas ideas permanecen frescas. El mítico, para una minoría de investigadores culturales, estudio de demandas culturales de 1981 de una comarca de Castilla recogía en sus conclusiones la necesidad de contar con un centro –sustituyámoslo por una política– cultural que no importara «bienes culturales desde las grandes ciudades», sino que ayudara a «catalizar, a suscitar, a vitalizar la productividad cultural in situ» (Martín de Dios, 1983).
11. Siguiendo a Fernández León, «está aún por escribir la historia de las políticas culturales en el mundo rural en España desde la llegada de la democracia (…) Los escasos datos disponibles, entonces y ahora, hacen de momento muy difícil una aproximación global al asunto» (Fernández León, 2020, p. 201). Tras esta modesta investigación parcial (solo pueblos de menos de 5.000 habitantes), las materias que investigar y en las que profundizar se abren como un inmenso abanico. Una recomendación para los que lo aborden si se permite: que intenten minorar los puntos de vista exógenos e integren miradas, enfoques y metodologías desde el propio territorio.

En general, en todas las cuestiones culturales, pero especialmente en los temas de patrimonio, se intenta dotar de significados a estos bienes materiales e inmateriales, pero casi siempre de arriba abajo: el experto construye el significado y la comunidad lo asume o lo ignora. Una metodología más integradora en este aspecto generaría proyectos más ricos e interiorizados en nuestros pueblos.

Todos estos elementos y factores podrían, en mi opinión, ser los principios esenciales que pudiera contener cualquier estrategia cultural rural futura. Si eliminamos el adjetivo cultural de la frase anterior, la conclusión también es válida a mi juicio.

Coda

Si este capítulo comenzaba con el diálogo desgarrador y metafórico de Yerma, finaliza con el deseo personal y poco científico de que esta España formada por pequeños pueblos y comunidades no añada el epíteto yerma o yermo a la ya larga lista de adjetivos negativos asociados a nuestra España rural. La utopía de la España fecunda no está tan lejos. España fecunda: añado, sin querer, una adjetivación más, por una vez esperanzadora y social.

Notas

[1]Hasta principios del siglo XXI, un cuarto agente construía equipamientos culturales y amparaba iniciativas culturales de los propios pueblos: las obras socioculturales de las Cajas de Ahorros. Fueron, en ocasiones, un socio imprescindible para la vida cultural del mundo rural. Con su absorción vergonzante por parte de los bancos, los pueblos de este país perdieron mucho, no sólo en apoyo financiero y de servicios bancarios (González Rueda, 2020, p. 128).

[2]Resulta interesante analizar el documento, no vinculante, Un perfil para la política cultural de las diputaciones (Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 2001), generado por la FEMP, en el que se diseña una política rural estandarizada desde preceptos urbanos, sin casi menciones y enfoques hacia la realidad rural de los municipios a los que sirven esta Diputaciones.

[3]La tipología es amplia: agente de desarrollo local, técnico de turismo, técnico de cultura, técnico de juventud, trabajador social, monitor, etc.