¿Cómo relacionar políticas sociales y políticas culturales? Un análisis de este tipo implica enfrentarse, en primer lugar, a un reto conceptual. Delimitar el espacio de la cultura y de las políticas culturales en relación al conjunto de políticas sociales. Con el término de política cultural nos queremos referir a los soportes institucionales que canalizan tanto la creatividad estética como los estilos colectivos de vida. O dicho de otra manera, se trata de establecer un puente o una conexión entre los registros estético y antropológico, entre aquello que valoramos como positivo y deseado, y aquello que nos define como lo que somos. Es pues un terreno en el que se discuten legitimidades, hegemonías y valores. Un espacio en el que conviven identidades antagónicas, ya que en la esfera cultural se dirimen conflictos entre formas dominantes y formas residuales o emergentes (Miller y Yúdice, 2004: 11-18).

Las políticas culturales han surgido y se han desarrollado, en la mayoría de países occidentales, a partir de cuatro grandes principios: en primer lugar por el valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos; en segundo lugar como base en la que fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las identidades de las naciones y de los estados; en tercer lugar, por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios; y finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, histórico o natural.

A partir de ahí, no es extraño constatar que a los poderes públicos les cuesta ser culturalmente neutros. Además de reconocer los derechos de ciudadanía, las instituciones liberales introducen un conjunto de rasgos y de valores (lingüísticos, culturales, etc.) consistentes con su voluntad hegemónica, a fin de que vayan alimentando la identidad nacional que de forma explícita, o de forma implícita, se busca. En un estado con una realidad pluricultural, ello provoca desajustes significativos, ya que en nombre de la igualdad y de la no discriminación algunos colectivos ven sus diferencias de identidad amenazadas. En la tradición liberal-democrática (y más aún en su versión francesa-republicana que tanto nos ha influido), los derechos y las reglas de juego realmente existentes, nos permiten reconocernos como ciudadanos. Pero, esas reglas y esos derechos no son siempre neutrales en relación a las identidades individuales, ya que incluyen un conjunto de elementos relacionados con la lengua, con la reconstrucción histórica, con unas pretendidas tradiciones «comunes», que van más allá de lo procedimental o de lo universal. Los valores individuales de libertad, igualdad, dignidad han de ser reconducidos, mejorados, para que incluyan las diferencias colectivas que constituyen las identidades individuales, entendiendo el pluralismo no como una solución (más o menos incómoda) que nos permite coexistir, sino como un valor que pone de relieve la riqueza de la diversidad. En un estado plural, el objetivo ha de ser incluir el pluralismo cultural como un valor que vale la pena proteger, y no sólo como un hecho que ha de tolerarse .

Necesitamos una revisión del concepto de ciudadanía, en la línea del reconocimiento del pluralismo cultural, considerándolo como un valor a proteger (y no sólo como algo a tolerar), y ello ha de implicar la presencia de ese pluralismo en la normatividad y en la estructura organizativa de las democracia. Esa política de reconocimiento del pluralismo cultural debería formar parte de los principios, reglas e instituciones de los sistemas democráticos, cada vez más densamente poblados de diversidades culturales de todo tipo.

Todo patriotismo, todo nacionalismo acaba produciendo una comunidad, inventada, artificial, pero para nada natural. Todas las comunidades son construcciones que surgen de la necesidad que han tenido siempre las personas de vivir en sociedad, porque somos interdependientes. En definitiva la esencia de toda identidad, se basa en el reconocimiento de una potencia común que supera fragmentaciones e incompatibilidades, y reúne voluntades y sentimientos para moverse en una dirección más o menos común.

Cada quién se confecciona y negocia su propia identidad, a partir de un conjunto de opciones. Nuestras identidades, las identidades modernas, son múltiples y complejas. Ante ello, el Estado puede adaptarse o tratar de adaptárselas. O sea, dibujar soberanías e instituciones más o menos borrosas, múltiples e híbridas como sus ciudadanos, o bien tratar de convertirlos en súbditos puros, artificialmente unificados. No se trata de ser condescendiente con la diferencia. Se trata de aceptar que cada uno transporta identidades nunca perfectamente sincronizadas, y ello me permitirá capitalizar la riqueza de esa diversidad. Organizar una sociedad que no niegue, sino que integre esa intimidad compleja, articulando la diversidad de sus componentes: ese es el reto de una estructura estatal que no quiera seguir siendo un monumento a la obsolescencia política. En una época en la que las identidades ya no pueden seguir siendo simples, en una época en que los poderes son más relacionales y dispersos que jerárquicos y concentrados, y en la que las soberanías están en cuestión y buscan subsistir de manera más o menas difusa, no podemos permitirnos el lujo de ser miembros de una política cultural única y con voluntad de exclusividad.

Las nuevas políticas culturales deberían facilitar la organización de una sociedad que comunique identidades múltiples. Un espacio público reforzado, sentido como propio precisamente porque en él es posible compatibilizar distintas maneras de vivir juntos. El modelo republicano parecía asegurar que, al menos, todos tuvieran acceso a una misma cultura. El pequeño inconveniente es que esa cultura resultaba sólo plenamente aceptable para una mayoría, sin reconocer identidades minoritarias (se las respetaba, se era tolerante con ellas, pero se entendían como formando parte de la esfera privada). Lo que hoy está en juego es un reconocimiento de derechos iguales no sólo para los individuos, sino también para los grupos, para las minorías.

El modelo intercultural implica un estatuto legal específico, la creación de un espacio público que reconozca esa realidad en instituciones igualitarias, que de forma imaginativa y funcional sean capaces de hacerse creíbles y sostenibles. Su fuerza estribará en su capacidad de mantener su representación de las distintas sensibilidades e identidades. Ello exige buscar políticas culturales innovadoras, fórmulas nuevas, sin cerrar caminos, creando instituciones más contenedoras que limitadoras, más «marco» que acabadas. Instituciones que entiendan que el pluralismo cultural exige aceptar que hay muchas maneras de ser peruano, español, europeo, andino, andaluz o salmantino.

Las democracias del futuro tienen una de sus pruebas más decisivas en su capacidad de contener a sociedades cada vez más plurales. Una democracia es más potente, al contrario de lo que a veces se afirma, no cuanto más consenso tiene, sino cuanto más conflicto es capaz de contener, contando con medios para lidiar esos conflictos, reconducirlos al marco común de convivencia. En la misma línea, podemos decir que no es más fuerte un estado cuanto más homogéneo culturalmente sea, sino cuanta más heterogeneidad cultural sea capaz de contener. Ese será uno de sus valores esenciales. De no avanzar por esa vía, los incentivos a la desarticulación crecerán. Como diría Hirschman, si ante todo queremos lealtad, y no es posible o no se plantea la salida (exit), hemos de generar más espacios para hacernos oír y para que nos reconozcan (voice).