La intervención en lo referido a la economía del Estado en determinados ámbitos de la vida de las personas, los ciudadanos y a las instituciones públicas o privadas se justifica en función de criterios de eficiencia, equidad o estabilidad, o de una combinación de los mismos (SAMUELSON, 1988). Al menos esa es la argumentación que se hace desde el ámbito de la economía política, una argumentación basada en la necesidad que tienen las sociedades de corregir los desfases o fallos que en ocasiones experimentan los mercados. Un autor como Samuelson nos recuerda que no debemos olvidar que la «mano invisible» puede llevar a veces a la economía por la senda equivocada (…) las economías de mercado experimentan fallos, como el monopolio y las externalidades; son propensas a estallidos recurrentes de inflación y desempleo; y, finalmente, la distribución de la renta que se observa en ellas puede resultar inaceptable para los votantes. Estas palabras, escritas con anterioridad a la actual crisis, son la base en que se fundamenta la legitimidad del Estado para intervenir en la economía, la necesidad de corregir las tendencias nocivas que un mercado dejado a su libre funcionamiento puede ocasionar para la vida en común. Obviamente se trata de una postura que admite muchos matices y variantes, desde una intervención mínima en la que la regulación estatal sea exigua para evitar esos males sin atenazar las libertades económicas de los ciudadanos, hasta políticas más intervencionistas y de regulación con altos niveles de planificación y dirección desde lo público en busca de una mayor equidad. En la actualidad nos movemos entre esas dos tendencias, de hecho las propuestas para resolver la actual situación de crisis basculan entre ambas posiciones en sus versiones más o menos radicales. Hasta ahora los Estados modernos han sido una mezcla de mercado con impuestos, gasto y regulaciones. En el futuro más inmediato nos encontramos ante un escenario de incertidumbres en el que múltiples batallas quedan por decidir qué modelo de paradigma económico nos dejará la actual crisis. Brevemente, las políticas estatales de regulación, como indicamos al principio, son:

• – La eficiencia. La acción del Estado en cuanto a la eficiencia se refiere está enfocada a intentar corregir fallos como la formación de monopolios. Para los economistas existe un riesgo en el sistema de mercado que es el de la competencia imperfecta una situación en la que no existe un número suficiente de empresas o un grado de rivalidad que garantice que ninguna pueda influir en el precio de bienes y servicios. Si nos centramos en el campo de la cultura, de su economía, tenemos un buen ejemplo de análisis en la distribución cinematográfica en España. Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para 2011, último año con estadísticas del sector, se estrenaron en nuestro país 199 películas de producción nacional, 178 de EE.UU., 36 de Francia, 28 del Reino Unido, 36 de Alemania, 4 de Polonia, 2 de Austria y varias cifras similares hasta encontrar una de Rumania. A vista de espectador no observamos que en las carteleras de nuestros cines haya esa proporción entre cine español y cine norteamericano, la impresión es de una hegemonía del cine de EE.UU. sobre el español y sobre el europeo en general apabullante. La causa más referida es que la distribución de cine en España está en manos de empresas extranjeras, las cuales potencian la distribución del cine norteamericano (IZQUIERDO, 2007). Otro caso en el que el papel del estado es imprescindible o al menos muy necesario, es el de la producción de bienes públicos. Los bienes públicos son las actividades económicas —que proporcionan grandes o pequeños beneficios a la comunidad— que no conviene dejar a la iniciativa privada (SAMUELSON, 1988). Ejemplo de ellos serían la protección medioambiental, la defensa y la seguridad ciudadana, el apoyo a la ciencia pura y, por supuesto, amplios sectores de la cultura y el patrimonio.
• – La equidad. En el caso de la equidad el papel del estado suele consistir en impulsar programas públicos destinados a la redistribución de la renta, tanto en lo territorial como en lo social. El mercado tiende a poner los bienes en manos de quienes pueden pagar más por ellos y en ese sentido generar grandes desigualdades. En ese caso, cuando a una sociedad democrática no le gusta la distribución de los votos monetarios existente en un sistema de mercado de laissez faire, puede adoptar medidas para modificar el resultado mediante una política redistributiva (SAMUELSON, 1988). Como veremos en el capítulo 2.3 las políticas de democratización de la cultura se basan en este principio de redistribuir y hacer accesibles a la mayoría determinados bienes, productos y servicios culturales.
• – La estabilidad. El estado suele poner en marcha políticas de estabilización que buscan atenuar los efectos de los ciclos económicos negativos tratando de paliar el desempleo y la inflación. Tradicionalmente los gobiernos suelen acudir a dos tipos de poderes para tratar de atenuar estos efectos cíclicos de las economías de mercado. Poderes fiscales y monetarios. El sector de la cultura, en su vertiente económica, se rige al igual que los demás en sus aspectos fiscales en la medida que se encuentra sometido a impuestos. Sin embargo en determinados estados se tiende a favorecer a los productos culturales con tipos impositivos bajos para favorecer el acceso de la población a los mismos en aras a su consideración de «excepcionales» y la creencia de que contienen valores que deben ser protegidos. Igualmente influye su consideración, en muchos aspectos como es el patrimonio, como bienes públicos. Un caso es el IVA, un impuesto indirecto al consumo, aplicado a los espectáculos en directo, a los productos culturales y al cine que varía según los países traten de potenciarlos y como vemos en la tabla siguiente: