Como vemos, no puede disociarse la expresión sector cultural de términos tales como bienes culturales, mercados de la cultura, industrias y empresas culturales, sectores administrativos culturales, etc. Por ello, hemos de entender que, a pesar de tener un origen nítidamente económico, al hablar de sectores culturales estamos refiriéndonos a una realidad mucho más compleja, que supera la mera lectura económica al incorporarse a ella aspectos politológicos, sociológicos, jurídico-administrativos o internacionales (por recordar sólo algunos de los más explícitos). Sectores, por lo tanto, que por referirse a una realidad que, como la cultura, es objeto de estudio de múltiples disciplinas, trasciende el compartimento cerrado del mundo económico para, sin salir de él –pues la variable económica es aquí determinante–, encontrar apoyos en disciplinas que le son conexas y que pueden contribuir a explicar los análisis, posibilitando una mayor profundización sobre su conocimiento.

Actualmente, la aportación de la cultura —entendida en sentido amplio, como actividades culturales puras o vinculadas a la propiedad intelectual— al Producto Interior de la economía española es muy significativa. Según los resultados de la cuenta satélite de la cultura en España, la aportación del sector cultural al Producto Interior Bruto español, según el Anuario de Estadísticas Culturales para 2021, se cifró en el 2,4%, situándose en el 3,4% si se considera el conjunto de las actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual (desglosaremos el peso específico de los distintos sectores culturales dentro de ese conjunto conforme vayamos tratando cada uno de ellos). A la vista de ello puede afirmarse el relevante alcance tanto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual como de las actividades culturales dentro de la economía española. Sin embargo, ese nivel de importancia, mantenido en el tiempo, no se ve acompañado de una verdadera política de Estado que ponga en valor el sector, estratégico por el peso que tiene por sí sólo y por las conexiones que cabe establecer con otros con los que guarda relación, como la educación o el turismo, por poner algún ejemplo.

Los sectores de la cultura que, en realidad, son subsectores del sector cultura (y que, a su vez, es un subsector, como hemos apuntado, del sector económico servicios), tienen una problemática propia en función del origen e historia de los mismos, el tipo de bienes culturales afectados, la penetración del mercado privado en torno a ellos, el grado de intervención administrativa que se produce sobre los mismos, el nivel de tecnificación que se encuentra presente en su formulación, etc. Ello lleva a que el aislamiento de cada uno de ellos y su sistematización pueda efectuarse desde distintos planteamientos, dando como resultado una enumeración que puede presentar diferencias en función de cuál sea el punto de partida e incluso del momento en el que el mismo se realice.

Si en sus inicios encontramos manifestaciones sectoriales centradas en el mundo de los archivos, las bibliotecas, los museos y los monumentos, con un papel señero de las Bellas artes y a su protección por parte de los actores públicos, la incorporación de nuevos elementos focalizadores, ya iniciado el siglo XX, como el cine, los soportes musicales, las ediciones de masas, etc., así como, ya en décadas más cercanas, la eclosión de las industrias culturales vinculadas al audiovisual y, más tarde a la alta electrónica y a los elementos digitales y multimedia, han incorporado una enorme diversidad a esta materia, hasta el punto de que, incluso, pueden existir problemas a la hora de agruparlos.

Siguiendo un enfoque más o menos estandarizado, los sectores culturales en España suelen dividirse usualmente en artes escénicas, artes plásticas, libros y prensa, audiovisual y multimedia, el patrimonio y los archivos y bibliotecas, así como la música y la industria fonográfica. En suma, un enfoque tradicional enriquecido por los últimos aportes fruto de los avances técnicos, que desconoce posibilidades transversales como la actividad creadora, o de diferenciación independiente tan acusadas como el diseño o los juegos (si nos atenemos, por ejemplo, a la división que emplea el Convenio internacional Andrés Bello, del que si hemos tomado su sectorización independiente de la música), o a otras opciones de sistematización más cercanas a la cambiante realidad técnica.

Las artes escénicas

En cuanto que sector económico cultural, el de las llamadas artes escénicas se encuentra polarizado por el teatro y la danza, así como por otras disciplinas afines tales como la ópera, el circo, los títeres y otras similares que puedan ser expresadas en un escenario. A todas ellas han de sumarse los festivales, los circuitos y los eventos que tienen a alguna arte escénica como eje de celebración. Integran un 10,2% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

Su característica principal es que son productos que se consumen en directo y de modo inmediato, en salas o instalaciones pensadas para su difusión, y que están destinadas a un público que se encuentra presente al celebrarse los espectáculos.

Tradicionalmente, las artes escénicas han contado para su pervivencia con el favor del poder público, especialmente en lo que se refiere a las grandes representaciones, por lo que, en parte por este trasfondo y por el coste de los espectáculos, se mantiene aún hoy una enorme dependencia del sector respecto de las subvenciones y ayudas públicas, así como de otras vías indirectas de apoyo (promociones y circuitos públicos, celebración en teatros pertenecientes a las redes públicas, etc.) que contribuyen a sostenerlo como sector cultural competitivo.

Se trata, por lo tanto, de un sector donde la iniciativa privada y la propia actividad laboral de cuantos participan en las compañías actuantes presentan unos rasgos singulares. La primera, por cuanto que, dependiendo de la fórmula de funcionamiento acorde con el espectáculo o actuación a celebrar, puede pasarse de la mera autoproducción a producciones mundiales en las que se ven implicados todo género de profesionales y técnicos (estén o no involucradas instituciones y entidades públicas). En cuanto a las compañías, verdaderas almas de muchas de las expresiones escénicas que el público disfruta, su particularidad deriva de que las mismas pueden intercambiar a los actores y técnicos en función de las obras y espectáculos a representar, por lo que es frecuente que ellos puedan participar en varios proyectos al propio tiempo, lo que, unido a sus fórmulas tradicionales de percepción salarial (cantidad por representación, por temporada, etc.), hace que este sector sea bastante particular y no pueda tomarse como ejemplificador del sector cultura en su conjunto.

Asimismo, hablamos de un sector que cuenta con un gran número y diversidad de sujetos intervinientes, tanto físicos (por referirnos sólo al teatro y sin agotar el listado: productores y empresas teatrales, directores de escena, creadores escénicos, dramaturgos, intérpretes, tramoyistas y demás técnicos, etc.) como jurídicos (entidades de artes escénicas, centros dramáticos), sean éstos públicos o privados (sociedades mercantiles teatrales, edificios e instalaciones dedicados a estas actividades, etc.).

El sector carece actualmente de marco jurídico general en España, pues no existe legislación básica sobre él. Por ello, sólo está regulado como tal en aquellas Comunidades Autónomas que, de modo ciertamente minoritario, han considerado necesario establecer unos parámetros de ordenación para este conjunto de actividades.

Las artes plásticas y visuales

Las artes plásticas han sido entendidas tradicionalmente como las que estaban vinculadas a la pintura, la escultura, el grabado y a otras actividades artísticas propias de las Bellas Artes. Hoy, al haber ganado en amplitud y complejidad, ha emergido un concepto nuevo, el de artes visuales, que incorpora aportes más recientes a las artes asociadas a este sector, como la fotografía, el arte digital, la propia arquitectura moderna, etc., u otras que están surgiendo, como la perfomance o las videoinstalaciones. Todas estas actividades integran un 20,6% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

El sector, bajo esta doble denominación, está dominado por la idea de actividad artística tradicional, fundamentada en el trabajo manual y por las nuevas disciplinas en las que la imagen y la interactividad cobran una relevancia creciente. A estos efectos, a los artistas propiamente dichos hemos de sumar los órganos que favorecen su producción y creación y se encargan de su difusión, sean galerías de arte, salas de exposiciones, museos y otros espacios para la generación, radicación y comercialización de estas expresiones artísticas, sus productos y los servicios que puedan tomarlos como objeto.

Al igual que decíamos al hablar de las artes escénicas, el papel de las distintas instituciones del Estado, especialmente de las administraciones competentes en materia de cultura, adquiere aquí una gran importancia, ya que este sector ha sido un ámbito muy propicio a las ayudas públicas, vía subvenciones, becas (de estancia, de perfeccionamiento, etc.), apoyos específicos al sector privado, certámenes, premios, etc., de tal modo que se ha producido una interdependencia entre la actividad protectora del Estado y los artistas y los mediadores de los productos y servicios generados a partir del trabajo de todos ellos.

Se trata de un subsector muy dinámico que presenta aún aspectos por definir y que no está tan estructurado como otros que integran el sector de la cultura. Ello se explica, en parte, por la aparición de nuevas expresiones artísticas que se incluyen en él, pero también a que los productos y contenidos suelen estar dirigidos, salvo excepciones, a un público selecto y minoritario, además de al alto coste de los mismos, muy dependiente —por tanto— del dimensionamiento del mercado, de tamaño habitualmente pequeño o, a lo más, mediano, lo que condiciona su propia existencia.

Desde la perspectiva de la producción, los profesionales del sector son mayoritariamente artistas visuales que tienen en la pintura, el grabado, la ilustración, la fotografía o demás artes mediales su fuente de creación. Los mismos se encuentran ante un momento de cambio debido a que el propio concepto de proyecto se ha abierto enormemente hacia otro tipo de exigencias más globales, técnicas y de equipos integrados, lo que unido, a una mayor consideración económica de la obra artística, ha contribuido a transformar la actividad de los artistas y su rol dentro de la sociedad.

A los creadores hemos de sumar otros profesionales que hacen posible el acceso al mercado de productos y servicios derivados de la actividad artística primaria, sin lo que la misma no se pondría adecuadamente en valor. A estos efectos, conviene recordar que se trabaja con un producto cultural único o de producción muy limitada (como sucede con un grabado o una serigrafía), y es en esa originalidad donde radica el hecho de que las transacciones de este particular mercado vinculado, el coleccionismo (incluso de una sola obra), tenga un peso que no tiene en otros sectores culturales más industrializados y que, debido a ello, se dependa de un conocimiento del mercado y de sus fluctuaciones que se encuentra sólo al alcance de una minoría.

Se trata, por último, de un sector muy poco regulado en España, pues, si excluimos algunos aspectos concretos como, por ejemplo, la fiscalidad o el mecenazgo (en ciertas condiciones), se carece de un marco jurídico general, e incluso parcial, lo que contribuye a que sus sujetos activos deban moverse vía actuaciones concretas o siguiendo los estímulos administrativos, fruto de planes o programas puntuales, para hacer posible que se produzcan flujos de mercado que generen transacciones económicas en el sector.

El audiovisual y el multimedia

Las industrias audiovisuales e industrias multimedia integran un sector que se encuentra en alza desde hace ya tiempo, favorecido por la aparición de muy diversos contenidos digitales y la transformación que conlleva. Junto con el sector del libro y la prensa, concentra la principal producción de las industrias culturales en su conjunto, lo que explicita, mejor que ningún otro dato, el enorme peso que este sector tiene verdaderamente. Integran un 28,5% del conjunto de las actividades culturales para 2019.

Dentro de la industria audiovisual encontramos un ámbito de actividad económica muy diversificada y rico, que podemos subdividir en la producción audiovisual, su distribución, la exhibición cinematográfica en sala, los videoclubes, la televisión pública, la TDT y la radio (pública y privada). Cada uno de estos ámbitos presenta una problemática específica y, tomados como un todo, lideran la atribución de ayudas y subvenciones que directa o indirectamente se prestan al sector cultural. Conviene recordar asimismo que los integrantes de la sociedad española consumen televisión un elevado número de horas semanales y, en menor medida, escuchan la radio, lo que los convierte en potentes instrumentos para la transmisión y difusión de los contenidos culturales y de entretenimiento, convirtiéndose en un elemento de primer nivel para alcanzar esos fines, particularmente en un país en el que las familias suelen dedicar poco tiempo (y dinero) a las actividades culturales propiamente dichas.

El Informe de la Fundación Ideas para 2012 daba cuenta del momento en el que se encontraba este ámbito de actividad entonces: “Se ha convertido en las últimas décadas en un sector estratégico, clave para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Su contribución al PIB en 2009 se situó cercana al 1,3% y el empleo en el sector tuvo una aportación cercana al 1% del empleo total. Los medios y contenidos audiovisuales se encuentran desde hace más de una década en plena transición digital, tanto en sus procesos de conceptualización y modos de producción, como en la distribución y reproducción, debido a la extensión del acceso a las redes de banda ancha y al desarrollo TIC relacionado. La industria audiovisual española, formada por el sector de la televisión y radio, los videojuegos, la música y el cine y el video, alcanzó una facturación estimada en 2010 de 5.806 millones de euros, habiéndose registrado un descenso de la facturación respecto al año anterior del 5%, pero con perspectivas de que los sectores tractores tradicionales, como los videojuegos, comiencen a crecer tanto o más que las pérdidas de otros sectores que sufren la adaptación a lo digital”. Como añadido a lo dicho, cabe destacar que el sector de la TV y la radio concentran el 73% de la facturación de toda la industria, y que en 2010 facturó 4.219 millones de euros.

Por su parte, el sector del multimedia y del videojuego (este último puede también incluirse en el sector audiovisual como hemos visto) nos adentra en un ámbito dominado por productos que sirven de apoyo a la cultura escrita y del entretenimiento integrando soportes que se encuentran en abierto retroceso, como el CD-ROM/CD-I, el casete, los disquetes, el video, con otros aún vigentes como el DVD, los vinilos, el blu-ray, etc., y con software (como, por ejemplo, el videojuego para PC o para consolas) o de hardware propiamente dicho (como consolas y nuevos dispositivos móviles) que posibilitan la interacción y el disfrute de los consumidores culturales.

El patrimonio cultural

Cuando hablamos del patrimonio cultural como sector, hemos de tener presente que, en realidad, estamos refiriéndonos a un macrosector, pues, entendido en sentido amplio, el patrimonial, a partir de la idea base de bien cultural y de legado a transmitir a las generaciones futuras engloba una vastísima realidad que incluye los inmuebles y objetos muebles de interés artístico e histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico y antropológico, científico o técnico, además del patrimonio documental y bibliográfico. A ello cabe sumar, por una evolución conceptual producida en las últimas décadas, las actividades y el patrimonio de la cultura popular y tradicional, que integran elementos tangibles e intangibles que suelen caracterizar el modo de vida y las pautas culturales de las distintas colectividades, así como la producción cultural contemporánea. Asimismo, y por derivación de la idea que preside todo este conjunto, el paisaje ha pasado a considerarse también expresión patrimonial; de hecho, hay países en los que desde hace muchos años ambos conceptos y sus respectivas legislaciones aparecen estrechamente vinculados. E incluso, por contraste, para algunos estudiosos el patrimonio natural puede considerarse también en cierta medida participe de la idea de cultura, por lo que debería figurar igualmente junto a las realidades incluibles que hemos consignado. Integra un 8,1%, contabilizando también los archivos y bibliotecas, del conjunto de las actividades culturales para 2019.

España es el segundo país (después de Italia y por delante de Francia) por el número de bienes culturales registrados en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (portal.unesco.org). Según los datos que figuran en el Anuario de Estadísticas Culturales, en el año 2020 existían en España inscritos 17.981 como bienes de interés cultural inmueble y 23.342 como muebles.

Aunque, lógicamente, estamos haciendo referencia a un sector en el confluye la iniciativa pública y la privada, la importancia del patrimonio cultural es tal que el papel del Estado, a través de los poderes públicos, principalmente las administraciones públicas, es determinante al dedicarse anualmente cuantiosas sumas a su conservación y defensa, difusión y fomento, por los valores que tiene para la colectividad y por cuanto constituye un recurso fundamentalísimo para el denominado turismo cultural, que lo toma como presupuesto de su existencia misma. De hecho, se sostiene –con gran parte de razón– que es la funcionalidad turística del patrimonio la que permite materializar los retornos de las inversiones realizadas en conservación. A estos efectos, puede señalarse que los avances en la protección, conservación y explotación de los bienes culturales, ha sido muy notable desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y, aunque queda mucho camino por recorrer, se han sentado las bases de unas políticas para la protección de las que se carecía con anterioridad a esa fecha. En este sentido, cabe destacar que la propia vertebración del Estado autonómico ha redundado muy positivamente a este sector de actividad al insuflarle nuevas energías, vivificándolo y replanteando la protección tal y como venía siendo considerada hasta entonces.

De lo dicho se desprende que el sector mantiene, en cuanto a su actividad, una enorme dependencia de los fondos públicos, siendo muy pobres todavía los que llegan de manos privadas, y aunque hay experiencias concretas de intervenciones público-privadas, estas constituyen la excepción a la regla general. En este sentido, las empresas que trabajan en el sector son medianas y pequeñas y cuentan con un alto grado de especialización, fruto de su adaptación a las demandas de la protección patrimonial y a los espacios que dejan sin cubrir o que son externalizados por las administraciones públicas competentes.

El elenco de profesionales que trabajan en este sector está marcado por la diversidad funcional de las actividades que se incluyen en el mismo. Estas pueden ir desde la custodia o gestión de un sitio o edificio histórico, de un jardín protegido, actividades museísticas dependientes, restauración y rehabilitación de bienes muebles e inmuebles, bajo la forma de patrimonio arqueológico o etnológico, etc. En consecuencia, la nómina a considerar de los mismos es muy amplia, variada y con vínculos jurídicos muy diversos. Los profesionales que desarrollan esas actividades son también muy variados: arquitectos, restauradores, jardineros, arqueólogos, etc., ya sea como empleados públicos integrados en el aparato burocrático de las administraciones competentes, ya sea como trabajadores de las empresas privadas actuantes o en calidad de autónomos, cuando lo hacen individualmente. Por consiguiente, el estatus jurídico de estas personas es muy diferente (funcionarios, personal laboral, directivos, etc.) y su profesión y grado de especialización estará acorde con la problemática de la realidad sobre la que actúan.

En cuanto a la normativa aplicable, puede afirmarse que esta es muy profusa y detallada, existiendo grupos normativos muy diversos polarizados por las leyes de protección del patrimonio histórico y cultural de las Comunidades Autónomas, que fijan el marco jurídico aplicable a partir de la legislación básica recogida en la Ley del Patrimonio Histórico español de 1985. La estructura de estos textos legales, que recogen los estándares públicos en esta materia, suele ser, salvo excepciones, muy similar.